Sobre la crisis universitaria en Venezuela

Propuestas para avanzar 

Roberto López Sánchez
Maracaibo, noviembre 2010

La política hacia la educación universitaria del gobierno bolivariano ha tenido aciertos y desaciertos en estos 11 años de revolución. Habiendo desarrollado considerables esfuerzos para resolver problemas que habían crecido a finales de la IV República, como lo es la democratización del acceso a las universidades; en otros campos no se han realizado políticas que permitan configurar una estrategia de transformación revolucionaria de la educación superior venezolana.


La creación de nuevas universidades como la UBV (Universidad Bolivariana de Venezuela), y el desarrollo de la Misión Sucre, a través de la municipalización de la educación superior, permitieron cuadruplicar el número de estudiantes universitarios en Venezuela, dando respuesta al proceso de elitización que habían vivido las universidades en las décadas del 80 y 90 del siglo XX. De esta forma, centenares de miles de ciudadanos pudieron acceder a la educación universitaria, circunstancia que le había sido negada en años anteriores.

Pero durante estos 11 años de proceso de cambios, las universidades autónomas fueron dejadas al garete por el gobierno bolivariano. Uno tras otro, los sucesivos ministros del área desarrollaron una política de conciliación abierta con los rectores opositores y con las élites derechistas que manejan a su antojo a nuestras universidades autónomas, extendida esta política hasta las universidades privadas.

Apenas durante la gestión del ministro Moncada se intentó, tímidamente, establecer mecanismos de control sobre el presupuesto universitario, pero rápidamente esas buenas intenciones de Moncada fueron sustituidas por la nefasta gestión de Luis Acuña y Antonio Castejón, quienes, desde su llegada al ministerio y la OPSU, establecieron «puentes» y «diálogos» con la derecha universitaria, entregándoles el destino de la educación superior venezolana.

Tengamos en cuenta que el presupuesto anual de cada universidad autónoma es superior al de muchos estados del país. Por ejemplo, el presupuesto anual de LUZ es superior al situado constitucional de los estados Trujillo, Mérida y Barinas juntos. Tengamos en cuenta, también, que en 11 años de revolución, y habiendo gozado de amplia mayoría en la Asamblea Nacional, sin embargo no se ha aprobado ninguna ley o reforma de ley que contribuya a transformar las universidades y colaborar en la modificación de la correlación de fuerzas políticas en su interior.

Reiteradamente, desde la época de la Asamblea Constituyente, la derecha endógena del chavismo rechazó todas las propuestas de transformación universitaria que se hicieron llegar a las autoridades bolivarianas (tanto a ministros como a diputados) y bloqueó, incluso, la posibilidad de que se discutiera abiertamente sobre los mecanismos para impulsar una Constituyente Universitaria.

La posibilidad de que surgiera un movimiento estudiantil identificado con la revolución fue cortada por la burocracia al darle la espalda a la toma del Consejo Universitario de la UCV (Universidad Central de Venezuela) que realizaron estudiantes revolucionarios en el 2001. Gracias a esta errónea política de la derecha endógena, surgió, en cambio, un movimiento estudiantil opositor, casi fascista, en 2007, aprovechando las medidas gubernamentales contra el canal de televisión RCTV. La respuesta revolucionaria de sectores estudiantiles sirvió para que sus dirigentes fueran cooptados por la burocracia, ocupando cargos en el gobierno, y realmente no se ha podido levantar un amplio movimiento social estudiantil que pugne por las transformaciones dentro de las universidades.

Con la llegada del ministro Edgardo Ramírez, a comienzos de 2010, se comenzó a rectificar esa ausencia de políticas y controles hacia unas universidades controladas totalmente por la derecha golpista y proimperialista. Irónicamente, contra la gestión revolucionaria del ministro Ramírez se han levantado no sólo las voces de la derecha golpista universitaria, sino que personajes de esa derecha endógena chavista, como Antonio Castejón, aparecen atacándolo públicamente y sugiriendo su destitución.

Sin embargo, ciertas debilidades de la gestión del ministro Ramírez fueron aprovechadas por la «derecha golpista» y por la «derecha endógena» para generar un clima de incertidumbre y caos dentro de las universidades autónomas. A este respecto, en su momento realizamos las siguientes propuestas, como política estratégica que permitiera avanzar en el control de la educación universitaria para el desarrollo de la revolución socialista:
  1. Se debe separar la estrategia contra los rectores derechistas, de las políticas reivindicativas de los universitarios. Esto implica que las exigencias de mayores controles presupuestarios, trasparencia administrativa, rendición de cuentas, realizada a los rectores, debe ejecutarse por separado de las negociaciones con los gremios universitarios por sus reivindicaciones salariales.
  2. Con respecto a estas negociaciones con los gremios universitarios, es vital la aprobación de un aumento de salarios para los trabajadores (obreros, empleados y profesores), dado que el último aumento fue en 2008 y la alta inflación ha erosionado el valor real del salario de los trabajadores venezolanos. Mientras no se apruebe este aumento de salarios, difícilmente se podrá lograr la separación del conflicto gremial del conflicto con los rectores derechistas.
  3. Desde la Asamblea Nacional se debe aprobar una nueva Ley de Universidades que modifique aspectos sustanciales que democraticen la forma de elección de las autoridades rectorales y la composición de los consejos universitarios; que modifiquen el reglamento de concursos y evaluación del personal docente; que permitan una mayor supervisión y control presupuestario por parte del gobierno; y que introduzcan ejes transversales obligatorios dentro de los pensum universitarios.
  4. Supervisar, presionar y corregir la política en pro de la investigación científica en las universidades. Particularmente, reiniciar el Programa de Promoción a la Investigación (PPI), reformulándolo en consideración de las actividades de extensión y vinculación con las comunidades populares. Vigilar que los presupuestos destinados a financiar la investigación no sean desviados para otros fines subalternos por los rectores derechistas, como ha venido ocurriendo en muchas universidades.
  5. Profundizar el acercamiento del gobierno bolivariano con los colectivos de revolucionarios dentro de las universidades, tanto estudiantiles como profesorales, de empleados y obreros, a fin de realizar esfuerzos y estrategias conjuntas en el enfrentamiento a la derecha universitaria.
  6. Desarrollo de planes académicos dentro de las universidades autónomas por parte del gobierno bolivariano (MPPEU), apoyándose en los colectivos de profesores revolucionarios. Esto no es imposible, puesto que la derecha lo implementa en universidades como LUZ, con programas académicos financiados por la gobernación opositora del Zulia.
  7. Mejora sustancial de las políticas de servicios estudiantiles, particularmente aumento de las becas equiparándolas al salario mínimo, además de mejoras en los comedores, residencias, bibliotecas, laboratorios, facilidades para adquisición de libros, ropa y zapatos.

Finalmente, dejamos unas reflexiones que hemos repetido una y otra vez en los últimos años, pero que lamentablemente no han encontrado eco en el gobierno bolivariano:
  • Dentro de las universidades autónomas está metida, hasta los tuétanos, la burguesía como clase. Y no estamos diciendo que en las universidades esté gente de Fedecámaras, o los representantes políticos de los partidos de oposición, como personajes aislados que han buscado aquí un refugio a las derrotas sufridas en todo el país. En las universidades está metida la burguesía como clase dominante del sistema capitalista globalizado, con proyectos académicos específicos que son financiados por entes externos a la universidad y que responden a las necesidades del capitalismo financiero y las multinacionales que controlan la economía y la política internacional.
  • Cada universidad autónoma maneja un presupuesto que se acerca al billón de bolívares de los viejos (mil millardos de los viejos), lo que las convierte en instituciones cuyo impacto social va mucho más allá de lo cultural. Quienes manejan el presupuesto universitario, sea en la ULA, UDO, LUZ o la UCV, tienen que jugar necesariamente un papel muy importante en la economía de su región respectiva. Los bancos privados, las empresas proveedoras, los inversionistas extranjeros, todo aquel que realice una actividad económica de relevancia tendrá que ver con ese billón de bolívares que cada universidad ejecuta anualmente.
  • Por supuesto, la burguesía sí conoce sus intereses de clase, y actúa como tal, algunas veces por medio de actores insospechados, pero nunca deja de actuar. El botín de las universidades autónomas no lo va a dejar perder por las buenas, por medio del «convencimiento» como decían Acuña y Castejón.
  • Las universidades autónomas forman a buena parte de los profesionales del país, aunque en las últimas décadas las universidades privadas y la propia Misión Sucre hayan abarcado un porcentaje significativo del estudiantado de educación superior. Pero en cuanto a investigación, su papel sigue siendo de hegemonía absoluta y avasallante. Más aún, en cuanto al impacto socio-cultural en sus respectivas regiones. La ULA en Mérida, o LUZ en el Zulia, para poner ejemplos, constituyen instituciones de tan gran relevancia que no tienen comparación alguna con los centros educativos privados o con otras universidades públicas.
  • Por tanto, es muy importante, con miras al futuro de la revolución bolivariana y la construcción socialista, la cuestión de quién dirige las universidades. Si ellas continúan direccionadas bajo parámetros neoliberales, positivistas y tecnocráticos, esto tendrá un impacto directo en la sociedad, en el tipo de profesionales que egresen, en el mensaje que se trasmite al resto de la población, en los valores que se fortalecen dentro de las comunidades.
  • Las universidades no sólo no van a cambiar por el ejemplo de las misiones, sino que si ellas siguen estando en manos del capital extranjero y sus representantes criollos, la revolución no podrá avanzar. Es más, se irán formando fuerzas sociales opositoras, particularmente en la clase media, que en un futuro no muy lejano pudieran contribuir a acabar con la revolución.

Por ello es que un objetivo fundamental de la revolución actualmente debe ser el recuperar el control académico y político dentro de las universidades autónomas. Es por ello que en términos generales, en su momento, respaldamos los aspectos positivos de la gestión desarrollada por el ministro Ramírez. Aunque pensamos que sin una estrategia legislativa clara por parte del gobierno de Chávez, no se podrá avanzar en la transformación de nuestras universidades. De nada sirve seguir confrontando verbalmente con los rectores, si en los hechos no se promueve ninguna ley, ningún decreto, ninguna medida que permita que la revolución avance dentro de las universidades. Es la hora de pasar del discurso a la práctica.

Como universitarios, nos sentimos herederos de todo ese legado de luchas de las universidades por transformar a Venezuela. Creemos que el único camino que tiene la universidad venezolana es el de retomar las posiciones críticas, el de volver a ser la institución que confronta al pensamiento único que impone el imperialismo, el de aportar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyan a superar la dependencia económica. Para ello, las universidades tienen que cambiar. La Constituyente Universitaria sigue siendo el camino de la transformación de las universidades venezolanas.


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